El apuñalamiento de un abogado del turno de oficio en Oviedo ha vuelto a poner el foco en la vulnerabilidad con la que estos profesionales prestan un servicio público esencial. El letrado, de 69 años, continuaba en activo —una realidad cada vez más frecuente en un colectivo condicionado por las limitaciones del sistema de mutualidad— y acudía a un juicio de especial gravedad pese a sus problemas de salud.